A un año de transcurridos los lamentables hechos, la muni de Maipú resucitó el drama de los afectados a través de una querella presentada ante el 35º Juzgado del Crimen de Chago, sosteniendo que hubo negligencia intencional en la instalación de los explosivos en la explanada del Templo Votivo de Maipú.

"A nuestro modo de ver, que el origen de la tragedia recaiga en un presunto sabotaje es una manera de eludir la responsabilidad. Nosotros no queremos dinero, sólo pedimos justicia", dijo Jorge Gallardo, el único miembro de la familia, compuesta por 8 personas, que se salvó de las incandescentes esquirlas por no asistir al evento.

La querella municipal, patrocinada por el abogado Erwin Sapiaín, se sostiene en un informe elaborado conjuntamente por el GOPE de Carabineros y la sección balística de la Policía de Investigaciones, que dice que la causa basal del accidente fue la instalación invertida de uno de los cohetes con explosivos.

"Lo pusieron al revés, lo que produjo que toda la tarima se volcara y los fuegos explotaran para un lado. Pensamos que hubo mala intención porque es más fácil poner bien la balada que mal", verseó Sapiaín.

Eduardo Vallejos, defensor de la empresa Pirotecnia Chilena, encargada de los fuegos de artificio, opina que el informe de las policías es absurdo, puesto que sería igual que poner un helado en la punta del barquillo en lugar del cono.

"El informe que pedimos al técnico militar y experto en explosivos Luis Felipe Reinaud indica que la falla pudo estar en la fabricación de los fuegos y no en la instalación. De igual modo, si el tribunal comprueba esa teoría, no descartamos la idea de un sabotaje", engrupió Vallejos.

Ambas posturas, para Marta Escanilla, representante legal de "Mayed Abogados Asociados" y apoderada de tres de las familias más afectadas, eluden el tema central que es la irresponsabilidad de no cautelar las medidas de seguridad.

"Había 891 kilos de explosivos, equivalentes a 633 kilos de dinamita. Y esta cantidad, según la fórmula matemática obligatoria, arroja una distancia mínima de 312 metros. Pero el informe de montaje fue mal confeccionado y determinó 81 metros, que fue lo que finalmente aplicaron", acusó la apoderada.

Por esta razón, Escanilla pide que se procese al fiscalizador militar, al jefe de seguridad de la muni y al programador calculista de Pirotecnia Chilena. Estas personas son Leonardo Muñoz, Manuel Molina y Luis Escudero, respectivamente.

Ayuda sí llegó

Gabriela sufrió pérdida total de su ojo derecho, destrución completa del antebrazo del mismo lado y fractura maxilofacial. Su hijo Ariel perdió masa encefálica y sufre parálisis del lado izquierdo. Su cuñada Denisse se quebró la nariz, la mano y tiene quemada gran parte de la espalda. Su madre Dominga perdió ambos ojos. Su hermana Silvia se rompió la cabeza. Su sobrino Gonzalo se perforó un pulmón. Y su padre murió. Por eso siente que aún no hay justicia.