Este instrumento, más conocido como el Dicom de los automovilistas, empezó a correr oficialmente el 1 de diciembre pasado a la sombra de la polémica surgida porque no se estaría cumpliendo el compromiso de la Asociación de Jueces de Policía Local y la Subsecretaría de Transportes para que a la legislación se le diera el vamos sólo con los partes sacados a partir del Año Nuevo.

Caen en esta categoría las foqueadas por fotorradares y municipales sin advertencia al conductor, las que para Leal rayan en la ilegalidad, porque "sólo han servido para que las municipalidades recauden miles de millones de pesos, y para que las empresas que licitaron el servicio se llenen los bolsillos".

Son unos 400 mil los partes empadronados desde el 1 de noviembre de 2000 que podrían engrosar los archivos del Registro y hacer colapsar el sistema, "porque muchos de esos partes nunca han llegado a los automovilistas y otros han sido enviados no por los juzgados, sino por la empresa o las municipalidades, lo que es ilegal", dijo Leal. "Por tanto, cientos de personas no podrían renovar sus permisos".

Contó que se cuernofoneó con el subsecre de Transportes, Patricio Tombolini, quien le juró que se la jugará por la no retroactividad. De lo contrario, el diputado enviará con suma urgencia un proyecto de ley para que en enero se elimine la retroactividad, lo que sería apoyado por la autoridad.

Indicó que el atado surgió cuando un piño de 11 jueces tiró pa' la cola con el acuerdo de octubre en La Serena, donde otros 250 jueces de Policía Local se comprometieron a la no retroactividad. Los disidentes presentaron acciones legales en los tribunales y ya están enviado sus archivos al Registro.

Leal anunció que también recurrirá a tribunales.