Entre los contenidos del desaparecido archivo, resultado de una querella contra quienes resulten responsables de los malabares, presentada por los parlamentarios de derecha y el abogado Cristián Letelier, en julio del año pasado, figuran las investigaciones de los delitos de falsificación de instrumentos públicos, asociación ilícita y corrupción en los convenios entre las munis y las empresas que manejan los famosos aparatitos.

Apenas llegaron los documentos al juzgado pertinente, el magistrado se declaró incompetente, por lo que el caso fue manejado por el ministro de fuero Víctor Montigglio, que pidió a los caperuzos de investigaciones que cooperaran con la causa. Listo este informe, el ministro se enfermó y el caso se lo llevó la jueza Rosa María Maggi, quien también se declaró incompetente.

Ante esta situación, el expediente -que estaba dividido en dos volúmenes- volvió a su lugar de origen y en el transcurso, unos amigos de lo ajeno, no identificados aún, se lo llevaron pa' la casa.

Dittborn aseguró que "la desaparición no ha sido fortuita, sino que se debe a un acto de corrupción más en nuestro Poder Judicial".

El parlamentario agregó que este caso estuvo rodeado de "numerosas irregularidades y hechos que nos llaman profundamente la atención, porque no son propios de un proceso judicial normal".

Lo que más lamentan los diputados es que toda la información manejada por ellos se fue a las pailas. En ella estaba clarito que caleta de funcionarios públicos habían hecho "verdaderos negocios" con estas empresas, que corresponderían a delitos tipificados por la ley.

La cosa se pone más fea porque en estos días se inicia el registro nacional de infracciones y "se ha levantado una polémica en torno al minuto comienza a operar y con que cantidad de parte, que según nuestros antecedentes, sobre 200 mil automovilistas están involucrados y han sido infraccionados en forma ilegítima por este sistema".