Con el diente largo por la huelga de hambre que mantuvo durante su breve detención, Yáñez verseó que no está arrepentido de sus declaraciones y pidió que se le permita salir de Chilito para agradecer a los organismos internacionales que le manifestaron su apoyo. "Pido a la justicia y al Pleno de la Suprema que desista del requerimiento en mi contra", sentenció Yáñez.

También dijo que su onda siempre ha sido ponerle bueno a la lucha por los derechos civiles y se comprometió a "trabajar día y noche para que yo sea el último encarcelado por opinar en este país. Trabajaré por derogar toda ley que permita encarcelar a un ciudadano por expresar sus opiniones".

El empresario, dueño de una industria de frutos secos, que sólo estuvo un día en el anexo cárcel Capuchinos, gracias al pago de 100 lucrecias de fianza, aún enfrenta el proceso por desacato, luego de patalear en el programa del 27 de noviembre que "la justicia es inmoral, cobarde y corrupta".

Al discutir el tema "¿Pueden los pobres confiar en la justicia?", en relación con el caso Eva Sánchez, quien pagó con tres años de encierro y vejámenes un crimen que no cometió -el asesinato de su hijo-, Yáñez manifestó que la justicia debió pedirle disculpas por el condoro, y debiera hacerlo ante otros casos similares, ya que actuó en forma "errónea e injustificada".

"Demuestra poca hombría y es una mariconada de parte de la justicia chilena no dar la cara y pedir disculpas por un hecho que es tan grave y doloroso para un ser humano, y el Estado de Chile se ha comportado de igual forma, porque ha actuado con una bajeza increíble", agregó el empresario.

Apoyándose en el artículo 263 del Código Penal, que condena las injurias en contra de alguno de los tres poderes del Estado, el Pleno de la Corte Suprema resolvió, el 30 de noviembre y en forma unánime, instruir al entonces presi del máximo tribunal, Hernán Alvarez, para que presentara un requerimiento en contra de Yáñez. El encargado de llevar la investigación que justificó la orden fue el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz.

Por ahora, aunque se le haya concedido la libertad bajo fianza, Yáñez se expone a una pena de 541 días a 5 años y un día de prisión por el proceso que sigue en marcha.