Las medidas son parte de un paquete impulsado por el Ejecutivo en un bati plan de seguridad ciudadana anunciado por el propio Presidente Lagos el pasado 31 de octubre, luego que Chilito se enterara con estupor de la trágica suerte corrida por las liceanas de Alto Hospicio.

En voz de fuentes de tribunales, el descharchetamiento a las medidas para combatir a los patos malos se debería a la imposibilidad que los magistrados visualizan en que puedan ser aplicadas en el actual sistema judicial.

En todo caso, el detalle del informe con las respectivas aprensiones que acordaron los supremos se mantuvo en reserva, ya que será expuesto por el ministro Alberto Chaigneu ante los miembros de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado.

Sí habría aprobado el pleno por unanimidad la medida de eliminar la consulta a la Corte para sobreseimientos temporales de casos donde no hay antecedentes nuevos para seguir la investigación.

Lagos

Frente al rechazo de esas medidas, aseguró que "los jueces tienen que cumplir lo que son la legislación que establezca el parlamento. Ese es el ordenamiento jurídico de Chile, de manera que lo que se puede esperar es la correcta aplicación de la ley, en eso consiste que las instituciones funcionen".

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señaló que "no es posible que en nuestro país, donde la opinión que tienen los chilenos respecto de la justicia es bastante desmejorada, no se apoyen medidas como jueces las 24 horas, que es cumplir la ley, estar disponible a resolver las causas de aquellas personas que está siendo llevadas a los recintos penales, cuando en la realidad pudiera ser resuelto de manera inmediata".

Añadió que lo mismo va para los "jueces de dedicación exclusiva que pudieran dedicarse al conocimiento de las causas que son delitos violentos y que afectan a la ciudadanía. Por lo tanto, espero que esa decisión no tenga un sesgo de otra naturaleza".

Aparte de las pomadas cuestionadas, el Gobierno también propuso otras en las cuales en algunos casos se requieren proyectos de ley. El resto de las medidas se refieren a la creación de un registro de ADN de malandras, el traspaso de Carabineros e Investigaciones al Ministerio del Interior, la creación de una unidad capi en la búsqueda de desaparecidos, un registro de desaparecidos, un registro de armas, un sistema de información criminal, la elaboración de un control de gestión, fijación de metas policiales, auditorías trimestrales, el establecimiento de procuradurías, más ministros y nuevas salas, registro de aprehensión, atención a las víctimas, un nuevo sistema de calificación a policías, extensión del Plan Cuadrante, nuevos laboratorios, ampliación del Plan Comuna Segura y creación de unidades que recepcionen denuncias.