El caporal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Ariztía, apoyó plenamente este sistema, vigente desde hace 80 años, pues, a su juicio, "ha jugado un papel importantísimo al momento de ordenar el sistema crediticio".

Ariztía, junto a los presidentes de las Cámaras de Comercio Nacional y de Santiago, Fernando Lihn y Esteban Alvano, respectivamente, concordaron que el modificar el actual sistema del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago atenta contra la estabilidad de las reglas del juego del sector y las inversiones en el área.

En la Cámara de Diputados ya fue aprobado el proyecto que indica que las personas que han pagado sus calillas sean borradas inmediatamente de la lista negra y a aquellos que aún no lo hacen, el tiempo de permanencia en el Boletín se les reduzca de 7 a 3 años.

Sobre esto, el capo de la Cámara de Comercio de Santiago, Esteban Alvano, afirmó que esta iniciativa no traerá los beneficios que los legisladores que la impulsan esperan, pues la información que se pretende borrar, "ya está en los sistemas computacionales de los principales agentes crediticios".

Enfatizó, además, que al contrario de lo que muchos afirman, el problema de la cesantía no es producto del Boletín Comercial, sino de las dificultades de la economía nacional e internacional.

Uno de los impulsadores de la idea de modificar la ley es el diputado PPD Eugenio Tuma, quien reiteró la importancia de que las personas que pagan con esfuerzo sus deudas sean borradas altirante del registro, pues se ven imposibilitadas de realizar cualquier acción comercial.

Más categórico, el diputado UDI Julio Dittborn mantiene su postura sobre la importancia de derogar el decreto del Ministerio de Hacienda, vigente desde 1928, con el que se creó el Boletín Comercial, que hoy administra la Cámara de Comercio de Santiago. La idea -aclaró- es terminar con el monopolio de la información comercial que ejerce la Cámara, dijo.

Mañana es la última sesión en el Senado y en ella se discutirá esta iniciativa. De no llegar a acuerdo, su discusión se pospondrá hasta marzo.

Borran a deudores chicos