Lienlaf desechó toda responsabilidad de la Conadi y sostuvo que "nosotros como institución actuamos a tiempo, con los instrumentos que teníamos, pero lamentablemente ya no dependía de nosotros la solución". Añadió que "no había voluntad de las partes y al no haber voluntad de las partes tenía que estar el tema a disposición de la justicia, que es la que resuelve".

Hilando más fino, afirmó que "creo que parte de esto es producto de la lentitud del proceso".

Según la Conadi, en 1976 las tierras fueron reconocidas como propiedad del Fisco. En 1994, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, se traspasaron al gratín a la Conadi para que las transfiriera a las comunidades huilliches que reclamaban derechos ancestrales.

Tras una investigación de derechos, la Conadi entregó las tierras en el sector San Juan de la Costa a la comunidad Choroy-Traiguén de la familia Cumilef. Ésta reclama luego la usurpación de 600 hectáreas -de un total de 5 mil- a manos de los Lefián, causa que fue sobreseída temporalmente en tribunales.

Paralelamente, la Conadi intentó una mediación, pero no hubo acuerdo.

El 2 de enero de este año se produjo el primer encontrón porque no existió, según los involucrados, suficiente resguardo policial. Se había fijado una reunión de mediación para hoy, la que ya no se realizará por la tragedia.

El funcionario advirtió que los ánimos siguen caldeados, pese a que hay 16 detenidos, y no descartó nuevos focos de violencia en este lugar y en otros donde existen disputas entre comunidades.

Sostuvo que producto de lo ocurrido se revisará el sistema de transferencia de tierras de la Conadi, y no descartó pedir más facultades al Gobierno.