Los cuerpos que oficialmente habían sido incinerados, en realidad, fueron inhumados o, simplemente, amontonados en fosas comunes cerca de la propiedad rural de Ray Marsh, el responsable de la firma encargada de las cremaciones.

Hasta ahora solamente 35 cuerpos pudieron ser identificados.

Los investigadores del caso piensan que todavía pueden hallarse más cadáveres en estas condiciones: las búsquedas se centran ahora en un lago vecino al crematorio, donde fueron rescatados algunos restos humanos.

Los costos de la investigación, que podría durar meses, superaron ya los cinco millones de dólares y continuarán en aumento.

El gobernador de Georgia, Roy Barnes solicitó la intervención de las autoridades federales.

Ray Marsh se encuentra arrestado y el juez le fijó una fianza de 25 millones de dólares para dejarlo en libertad, mientras se instruye el proceso. Se encuentra acusado de hurto agravado por estafa, debido al dinero que recibía por cremaciones que nunca se realizaron.

Marsh, de 28 años, se justificó de los cargos, argumentando que "el incinerador no funcionaba": a los deudos les entregaba urnas con cenizas falsas. El joven asumió en 1996 el control de la empresa de sus padres, sobre los que no pesa ningún tipo de acusación.