La indemnización suma 250 millones de dólares por supuestos errores en el decreto tarifario y es considerada como una medida de presión inadecuada para el Gobierno, puesto que, según Mora, las tarifas fueron fijadas "de acuerdo con la ley y así lo determinaron tanto la Contraloría como la comisión resolutiva de la fiscalía económica, que rechazaron las objeciones presentadas por Telefónica CTC".

Por esta razón, los honorables pidieron al fisco que le entregara el sobre azul a "todos los contratos que han suscrito los servicios públicos con la empresa demandante", porque no les simpatiza el hecho que la demanda "haya contado con la aprobación de esos funcionarios públicos, que deberían presentar inmediatamente su renuncia.

A Lorenzini le parece "extraño que miembros del directorio de la empresa telefónica, que a la vez son directores de empresas del Estado, apoyando un juicio precisamente contra él".

De esta manera, ellos estarían actuando "contra todos los chilenos y en defensa de los intereses de una empresa española que controla el 84 por ciento del mercado telefónico en Chile".

Por su litrolio, el diputado PPD Patricio Hales también se tiró de hacha contra la eventual demanda, pues señaló que ésta "sólo busca revertir las falencias económicas derivadas de un mal manejo institucional".