En un comunicado público, Telefónica CTC indicó que esta medida civil fue aprobada por la unanimidad del directorio de la transnacional, en virtud de que "se cometieron graves ilegalidades y errores de cálculo y aplicación de conceptos económicos".

Agregó que hasta la fecha estos errores no han sido "refutados ni corregidos por las autoridades, causando a la compañía daños que superan los 270 millones de dólares".

El texto también precisa que el directorio estima que la demanda es "normal, justa y oportuna", y que su único objetivo es "hacer valer el derecho de todos los accionistas de recuperar su inversión a causa de un decreto ilícito y perjudicial".

Asimismo, declara que en ningún caso esto implicará un aumento en los precios de los beneficios que presta la empresa cuernofónica.

Bruno Philippi, presi del directorio, sostuvo que "a pesar de haber acudido a todas las instancias pertinentes sin resultados concretos para que se corrijan las ilegalidades cometidas, mantendremos nuestra confianza en el funcionamiento de las instituciones chilenas y esperamos que este tema técnico sea resuelto por la justicia, al margen de cualquier tipo de presión o interés".

El año pasado el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, rechazó la revisión del Decreto 187, que establece que a raíz de la condición de Telefónica CTC Chile de empresa dominante de sector, la autoridad debe fijar sus tarifas cada cinco años.

La empresa es la primera compañía de telecomunicaciones del país y posee más del 80 por ciento de la telefonía fija en Chile. Durante 2000 registró pérdidas por 199 millones de dólares, hecho que atribuyó al Decreto 187. Sin embargo, el año pasado obtuvo utilidades del orden de los 6,2 millones de dólares gracias a lo que calificó como "una estricta política de reducción de costos y una estrategia financiera conservadora".