El oftalmólogo se encontraba ejerciendo su especialidad en la ciudad de Ovalle, aprovechando el beneficio de la libertad provisional.

Ricardo Jara Paredes violó a la menor A.F.C.B., en febrero de 1999, cuando ella tan sólo tenía 11 años. El ultraje en ese entonces remeció a la opinión pública, ya que de acuerdo con lo que relataron los padres de la niña a La Cuarta, la violación fue planificada por el médico tratante.

El oculista primero se ganó la confianza de la pequeña para luego, mediante engaños, ofrecerle a la familia traerla a la capital para que recuperara la visión. Fue así como el 14 de febrero, el degenerado sacó con engaños a la menor de su casa y la llevó a su departamento de La Serena, donde la violó varias veces.

A comienzos de este año, la niña se colgó de una viga del entretecho de su casa debido a que, según sus familiares, nunca pudo superar el daño sicológico que le provocó la violación.

La menor se ahorcó aprovechando que su madre se encontraba en el trabajo y estaba sola en la vivienda, ubicada en la población Punta Mira del sector Sindempart, en Coquimbo.

Tras el ultraje, el depravado había sido detenido por la Policía de Investigaciones y sometido a proceso. Sin embargo, mientras se juntaban las pruebas para condenarlo, el sujeto fue dejado en libertad provisional. Posteriormente, el médico se arranchó en Ovalle, donde continuó ejerciendo la profesión.

El año pasado, la Corte de Apelaciones de La Serena había condenado al oculista a seis años de cárcel por el delito de violación. Nuevamente fue detenido, pero más tarde volvió a salir en libertad condicional, tras lo cual se instaló en la capital del Limarí.

En esa oportunidad, Ana Galleguillos y Johana Barrera, abuela y madre de la menor, encontraron poca la condena para el oculista y solicitaron una pena más dura, "por el daño que causó y las consecuencias que tuvo con la muerte de la niña", dijeron sus familiares.

Luego de ocurrido el suicidio de la niña, el abogado representante de la familia, Claudio García, anunció que pediría el aumento de la pena a un mínimo de 10 años, condena que finalmente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.