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| 14 de Junio de 2002 | |||
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Diputados opo presentaron acusación constitucional contra intendente Gobierno dio batipoder al Sesma para ordenar quilombo de basura
El golpe al mentón de Marcelo Trivelli llegó pasado el mediodía de ayer desde Valparaíso, donde 10 diputados de la UDI y RN presentaron una acusación constitucional en su contra por "graves y reiteradas irregularidades" en la habilitación de vertederos. Se le acusa de cerrar tardíamente Lepanto, adelantar la operación de Santa Marta, sin haber concluido las obras de construcción, y alterar sistemática y reiteradamente las resoluciones de Calificación Ambiental. El problema de la basura, que no ha dejado de ser noticia desde antes del cierre del polémico vertedero de Lepanto, volvió a recrudecer después del temporal histórico que provocó presuntas filtraciones de los temidos líquidos percolados que se sumaron a una excesiva sobrecarga de basura. Para corregir la situación, el Sesma, tras un tensa reunión en la Intendencia, multó en mil UTM al consorcio Santa Marta y lo obligó reducir en 15 mil toneladas mensuales la recepción de basura, de modo de evitar así la acumulación de percolados.
Molestia ruralTal determinación trajo consigo un profundo malestar a los alcaldes de la seis comunas rurales de Santiago Sur, quienes se vieron coartados de descargar las 250 toneladas que producen al día en conjunto en el criticado vertedero. "Nos declaramos en emergencia sanitaria. Por esa razón decidimos protestar con nuestros camiones en la entrada del relleno y nos iremos hasta que nos dejen depositar nuestra basura", dijo Angel Bozán (PPD), alcalde de Buin y presidente de la Comisión Rural de la Asociación Chilena de Municipalidades.Para Bozán, la última carta antes de tomar su basura y ver qué hacer con ella es que el Sesma haga una completa redistribución de las comunas que botan los residuos sólidos en Santa Marta.
Decreto SupremoEn un enrarecido ambiente dominado por protestas y acusaciones políticas, el Gobierno otorgó facultades extraordinarias al Sesma a través de un Decreto Secreto que permite al organismo sanitario ordenar que las toneladas de las comunas rurales sean enviadas al relleno con que cuenta la empresa KDM en Til-Til Puente Alto, que, pese a tener un contrato con Santa Marta, también debió dejar de llevar las basuras de su comuna al acopio de Talagante.La Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres), por su parte, se lavó las manos y declaró que los problemas originados en torno a la basura son de "absoluta responsabilidad" del consorcio a cargo del acopio, las autoridades regionales y comunas involucradas.
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