Según explicó la parlamentaria, la idea es que mediante un procedimiento sumario se pueda hacer efectiva la responsabilidad por los actos de vandalismo que cometan los retoños, lo que se extendería también a los directores de establecimientos educacionales, pagados o no, ya que no puede ser que los papis y directores dejen que los cabros se esfumen del colegio sólo con la intención de dejar la tendalada.

El planteamiento fue apoyado por los abogados Juan Carlos Cánepa, Francisco Chahuán y Cristián Espinoza, quienes señalaron que los destrozos ocasionados al comercio, bienes públicos y privados ascienden a la friolera de 160 millones de pesos, lo que afectará a los propias familias de los alumnos vándalos, que en su momento tendrán que pagar más impuestos de beneficio fiscal.