Durante la reunión, en que metieron sopera además, el director general de Obras Hidráulicas, funcionarios superiores de la misma repartición y los encargados del proyecto Laja-Diguillín, se precisaron los principales temas sobre los que se ha discutido en las últimas semanas, tanto en la gobernación como en el nivel regional, en las munis y también con los regantes y dueños de predios que deberán ser expropiados con el desarrollo del Embalse Diguillín.

Luego de más de dos horas de análisis se acordó un plazo de 60 días para que el ministerio dé cuenta detallada acerca de cuál es en definitiva la evaluación que se hace desde el punto de vista técnico, financiero, de rentabilidad social y de financiamiento del proyecto, en su actual estado de avance , y qué posibilidades concretas existen para continuar la obra durante el 2003 al 2005.

El senador Ruiz-Esquide y el diputado Jarpa explicaron que durante estos dos meses actuarán como interlocutores oficiales el director regional de Obras Hidráulicas, Manuel Godoy y el seremi de Obras Públicas, quienes en su informe deberán incluir a la vez, antecedentes sobre la reserva de agua que pueda aplicar la Dirección de Aguas tanto al proyecto como a los beneficiarios, y los resultados de las negociaciones que se están haciendo con Endesa y con los agricultores de Bío Bío sobre sus respectivos derechos de agua.

Los parlamentarios coincidieron en que se trató de una "una buena conversación, muy abierta, clara y necesaria, dado que en todo ello -dijeron- se representa la idea de los niveles central y regional, más la visión del gobernador y parlamentarios de la Concertación para el desarrollo de la provincia".