Según declaró hoy a los periodistas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, el juez Alvaro González, que tiene a su cargo en Uruguay la investigación del asesinato, "no tiene razones para negarse" a tomar declaraciones a los implicados identificados por la justicia chilena, si desde ese país se envía un exhorto rogatorio.

El exhorto vendrá al Ministerio de Educación y Cultura, que lo remitirá directamente al Juzgado, que es el Letrado Penal de la ciudad de Pando, 30 kilómetros al este de Montevideo, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

"Entiendo que el convenio de colaboración con Chile es muy claro y no existe ningún argumento para negarse. Tendrá que tomarse la declaración a los implicados", insistió Guillot.

La jueza Olga Pérez, del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, que procesó como autores del asesinato a los mayores Arturo Silva y Jaime Torres Gacitúa, anunció su intención de interrogar a los uruguayos implicados.

En el expediente chileno están identificados los militares uruguayos involucrados en el crimen, el coronel Tomás Casella y el capitán Eduardo Radaelli.

El juez de Pando aún tiene en "presumario" el expediente, que ha sido reiteradamente archivado y desarchivado.

En tres oportunidades negó informaciones a la justicia chilena para preservar el secreto de las investigaciones.

La posición del juez fue respaldada en la Suprema Corte por mayoría, que reconoció la "independencia de los magistrados".

Guillot dijo hoy que opinaba de forma distinta, pero señaló que su juicio contrario, que es la obligación de informar, quedó en minoría.

Un interrogatorio pedido por la justicia chilena no tendría incidencia en el "secreto de la investigación del presumario", porque es un trámite administrativo de trasladar las preguntas del magistrado extranjero y recoger las respuestas de los involucrados.

Guillot afirmó que "el exhorto de la justicia chilena debe cumplirse" y advirtió que "una negativa podría llevar a Chile a denunciar el Tratado de colaboración".

Berríos es considerado el creador del gas letal "sarín" y se le vinculó a la muerte en Washington, en 1976, del ex canciller chileno Orlando Letelier.

El biólogo llegó ilegalmente a Uruguay en 1992, en una supuesta operación conjunta de militares argentinos, chilenos y de este país.

Berríos desapareció en extrañas circunstancias en diciembre de ese año, tras denunciar en una comisaría que había sido secuestrado y que su vida corría peligro.

En abril de 1994, se encontraron restos humanos en una playa del vecino departamento (provincia) de Canelones.

Expertos del Instituto Técnico Forense, dependiente del Poder Judicial, tras nueve meses de labor llegaron a la conclusión, en 1996, "con un 90 por ciento de certeza", de que los restos hallados pertenecían a Berríos.

Posteriormente, se realizó el examen de ADN, con muestras aportadas por familiares de Berríos, para lo que la justicia de los dos países actuaron de forma conjunta.

Finalmente, el contraste de las pruebas determinó que los restos eran los del ex agente chileno, por lo que el cuerpo fue repatriado el pasado 21 de marzo a Chile, donde finalmente fue sepultado.