El número, como para quedar con escalofríos, fue informado por el propio Ejército hace algunos años, lo que se ha traducido en un promedio de 2 a 3 accidentes y muertes ocasionales en las últimas pepas.

De hecho, según el Monitor de Minas Terrestres, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997, la cantidad aproximada de víctimas en nuestro terruño entre 1976 y septiembre pasado corresponde a 32 civiles heridos, 8 civiles muertos, 51 militares lesionados y 6 militares fallecidos.

El tema fue abordado en el "Seminario internacional sobre desminado y la construcción de sociedad en las Américas", realizado ayer en la Universidad La República.

En el brillo se dio a conocer el primer informe independiente "Minas antipersonal en Chile, fantasmas del pasado, presente y futuro", realizado por las investigadoras Dana Holahan, Fabiola Fariña y Louise Egan.

Al respecto, Manuel Baquedano, del Instituto de Ecología Política, expresó su julepe por cuanto el Plan de Acción de Minas para los próximos 10 años que el Gobierno prepara para este mes "no se contemplan las inquietudes de las comunidades afectadas ni de las ONGs que trabajan en el tema del desminado humanitario".

Para los investigadores de la entidad, es fundamental que se integre a todos los chilenos a la discusión de tan compleja materia, "especialmente en aquellas zonas donde el sembrado de estos artefactos bélicos afecta peligrosamente a la población", acota.

Éstas serían principalmente en las regiones I, II y XII, donde el Estado criollo, de acuerdo con el Tratado de Prohibición de Minas, ratificado el 2001, tiene un plazo de 4 años para destruir la totalidad de su arsenal, es decir, hasta marzo del 2006.

Cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de la existencia de 122.661 minas antipersonal sembradas, mientras otras 211.076 se mantienen aún almacenadas. De estas últimas, 100.999 serán eliminadas en abril, en la ciudad de Punta Arenas.