El abogado Hugo Gutiérrez, que defiende los intereses de los pobladores de la toma, explicó que durante el régimen militar la venta de los terrenos se produjo en forma chantete, puesto que se pagó menos del 40 por ciento del avalúo fiscal.

"El Gobierno podría decretar nula la compra venta de esos años, por lo que los terrenos volverían a ser de propiedad del Estado. Con esa salvedad, el Ejecutivo podría venderles los terrenos a los pobladores, a precio de pobre, sin necesidad de pagar la absurda suma de 28 mil millones de pesos que exige Nasur", indicó el abogado.

En la misiva dirigida al Presidente Lagos se adjuntan varios documentos que revelan lo mula de las cuestionada venta.

En 1987, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado, vendió a la Constructora Isis el predio en 85 millones de pesos, de los cuales 35 fueron cancelados al contado y el resto en cuotas.

Lo anormal, según los pobletes, es que el valor de la transacción, firmada por Pinochet, los ministros del Trabajo y Hacienda de la época, está por muy debajo del avalúo fiscal y, por ende, del comercial.

"El avalúo fiscal de entonces era de 218 millones de pesos, pero fue vendido en 85 millones, de los cuales sólo hay constancia de 35", contó Marcelo Reyes, dirigente de la toma.

Según el abogado, si esta venta hubiese sido entre privados se configuraría el delito de "lesión mayor", que provocaría la nulidad inmediata de la venta.

Con ese argumento, el Estado también podría declarar la nulidad, puesto que, como se trata de un bien público, estos delitos nunca prescriben.

La entrega de la carta fue acompañada por una nutrida marcha de pobletes que se dirigieron hasta la Plaza de La Constitución, donde se encontraron con cerca de mil personas, procedentes en su mayoría de Buin y Puente Alto, que había llegado hasta allí para protestar por el elevado valor de los dividendos. "Buscamos que nos rebajen a una uefe el dividendo, porque estamos todos cesantes y no queremos atrasarnos", dijo Patricio Núñez, de Buin.