Las comunidades afectadas son Lafquén-Mawidán y Watralafquén de la comuna de San Juan de la Costa y la Tripay-Antu del sector de La Barra.

De acuerdo con lo informado por uno de los dirigentes, Lucio Jaramillo, ellos rocharon lo de la subasta a través de un aviso que se publicó en un medio escrito osornino, iniciando recién este lunes las movidas para chantar la diligencia.

"En la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se comprometieron a apoyarnos legalmente, pero nosotros estamos dispuestos a defender como sea nuestras pertenencias que, por lo demás, son el futuro de nuestros hijos", alegó Jaramillo, quien es uno de los toquis de la comunidad Lafquén-Mawidán, donde las personas afectadas con el cahuín son cerca de 100.

En definitiva, son 70 familias y un total de 250 peñis los que, de no mediar un recurso legal, perderán sus tierras, "posesiones que nos pertenecen ancestralmente y que nos las quitaron tras nuevas maniobras en contra de nuestro pueblo", señaló Marianela Atero, presi de la comunidad Tripay-Antu.

Según lo explicó esta madre de familia, son en total 13.292 hectáreas las del conflicto, asegurando poseer los títulos de dominio indígena desde el año 1834.

Por su parte, el consejero y dirigente de la Conadi, Juan Manquel, reconoció que el organismo gubernamental pecó al no preocuparse del litigio, sobretodo porque uno de los funcionarios de dicha corporación regional tenía conocimiento del caso, pero "ni siquiera se les informó a los afectados".

Los abogados de la corporación estudian el caso para iniciar las acciones legales respectivas, que permitan impedir el remate.