El edil había sido condenado a 300 días de inhabilitación de su cargo y al pago de una multa de 450 mil pesos por concepto de permisos de circulación que, supuestamente, no fueron ingresados a las arcas fiscales, según se señalaba en la investigación llevada a cabo por el magistrado.

La causa también establece la pérdida de 120 de permisos de circulación, conforme a las diligencias que siguió ese tribunal del año 1995, cuando un grupo de concejales denunció a la Contraloría General de la República un supuesto abandono de deberes de parte del jefacho comunal.

Posteriormente, el caso pasó a manos del Consejo de Defensa del Estado de acuerdo a la investigación solicitada por el diputado de la UDI, Darío Molina. En ese entonces, el parlamentario también ofició a la Fiscalía Económica para que estudiara los antecedentes por un presunto enriquecimiento ilícito, diligencia que, finalmente, fue resuelta también a favor del alcalde sentado en el banquillo.

Satisfacción

Por su parte, el acusado se mostró más que satisfecho con la resolución del alto tribunal serenense, señalando que siempre confió en la acción de la justicia.

El fallo estipula solo responsabilidades a los jefes de departamentos involucrados en la causa, según se supo, de acuerdo a la defensa presentada por el abogado Ariel González.