El directorio de esta última entidad solicitó la drástica medida argumentando que la actual administración del establecimiento no cumplió con el objetivo para el cual fue creado, es decir, prestar el servicio de cuidado infantil en forma gratuita. A lo anterior, se sumó una calilla por el no pago del arriendo.

"Frente a las presiones de Integra, aceptamos firmar un compromiso de arrendamiento sin saber que, a la postre, esa entidad, a través de la Junji, nos haría la vida imposible para evitar que nuestra matrícula siguiera creciendo. De 120 parvulitos que el recinto atendía, la cifra se redujo a 24, lo que hizo imposible cumplir con los compromisos", dijo su representante legal, Susana Braide.

Para la vocera de las "tías", lo planteado por Integra no sería más que una excusa, ya que la verdadera intención del organismo "es vender la antigua casona en más de 300 millones de pesos", aseguró.

La Fundación recibió el inmueble en comodato en 1988, pero Agapor lo viene ocupando hace dos décadas. Ahí se atiende a hijos de funcionarias que le ponen el hombro en el Hospital del Salvador, ubicado a una cuadra del lugar.

"Ahora no sabemos qué va a pasar con los 24 niños cuando el lunes las apoderadas vengan a dejarlos, ya que muchas no tienen dónde dejar a los pequeños", señaló la mujer.

Junto a la tesorera de la sala cuna (ubicada en Salvador 52), Bernardita Herrera, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de salvar el local.

De hecho, ayer, en una desesperada acción por llamar la atención de las autoridades, intentó colgarse del umbral del portón principal, pero fue persuadida por personal de Carabineros.

"Eso de no cobrar por el servicio para nosotras es impensable, ya que no recibimos ayuda de ninguna institución, ni siquiera del Gobierno. Nosotras no nos moveremos de aquí aunque tengan que sacarnos con un tanque", remachó.