La nueva línea investigativa del adalid anticorrupción, puso la lupa en el manejo de fondos reservados de varios funcionarios con las más altas jinetas del gobierno, aunque aún no se sabe si están en ejercicio o lo estuvieron en las administraciones pasadas.

Lo cierto es que fuentes ligadas al caso, precisaron que los efectos de esta nueva supercarretera investigativa podría verse en marzo, cuando Aránguiz termine varias diligencias pendientes, lo que podría llenar todas las suites de Capuchinos.

El ministro, además, no le ha quitado ni un milímetro la atención a la denuncia que hizo la ex funcionaria de la seremi de Transportes de la Sexta Región, María Eliana Bravo, quien está prófuga y procesada por falsificación de instrumento público.

El caso, que se encuentra alojado en el Primer Juzgado Civil de Rancagua, estaría relacionado con la adulteración de cerca de 400 patentes de locomoción colectiva.

La denuncia de la ex funcionaria involucraría a los diputados PS Juan Pablo Letelier y Esteban Valenzuela. De comprobarse que ambos cometieron anomalías, la causa quedará en manos de Aránguiz y en ese caso debería ampliar el desafuero de Letelier y solicitar a la Corte de Apelaciones de Rancagua que se quite el fuero a Valenzuela.

Arde troya por diputada

Cerca de las 4 de la tarde, el ministro, que se ha convertido en el paladín anticorrupción, llegó hasta la comuna pop para escuchar de la boca de la alcaldesa UDI sus denuncias sobre presuntas monedas de "dudosa procedencia" que habría recibido la Saa para su campaña electoral de parte de Alejandro Chaparro, ex jefe de gabinete del ministro Carlos Cruz.

Pese a que Urrutia en principio puso la denuncia a nivel de afirmación, admitió después que no tiene pruebas sólidas, sino que su base la constituye sólo información de prensa.

"Estoy conforme. Hablé con el ministro y le formulé mis dudas acerca de los dineros de la diputada", dijo la alcaldesa a la salida de la comisaría, donde era esperada por un grupito de pobladores pro UDI.

La afectada calificó las acusaciones como una infamia y las atribuyó a una vendetta política. "Ésta es una venganza de la alcaldesa Urrutia. En diciembre, junto con cuatro concejales de Conchalí, presenté denuncias referentes a la mala administración de la Corporación Educacional, que a través de un déficit enorme amenazaba con dejar sin sueldos a los profesores", dijo la diputada por las zonas de Conchalí, Huechuraba y Renca.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, junto con recalcar que no existen pruebas fehacientes en contra de la honorable, dijo que la denuncia era "un aprovechamiento político burdo, que refleja una cosa indecente" "Entiendo que el juez no tiene otra alternativa ante una denuncia que investigarla. Pero estamos haciendo persecución y caza de brujas selectiva; si se hace caza de brujas, hagámosla para todos", señaló Insulza.

Chaparro, quien se encuentra procesado como coautor de cohecho, al participar del cobro de un vale vista por 15 millones de pesos que irían a suplementar la campaña política del desaforado diputado, y procesado por soborno, Víctor Manuel Rebolledo, descartó haberle pasado los 40 guatones a la diputada, cuya campaña fue una de las más pobres del país, según se ha sabido.

"Yo jamás aporté un centavo a la campaña de la diputada Saa. Yo la ayudé en la dirección estratégica de la misma, pero no financieramente", precisó.