Los sohuas que, por desconocimiento o antigüedad, mantienen almacenados en bodega plaguicidas altamente peligrosos, cuyo uso fue prohibido en Chile tras el acuerdo que suscribió el Gobierno el 2001 en Estocolmo, Suecia, deberán comunicárselo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que elaborará un inventario con toda esa información, destinando esas sustancias a centros de acopio donde no revistan peligro para la salud.
Dicho convenio prohibió la elaboración, distribución y utilización de una docena de sustancias súper tóxicas denominadas contaminantes orgánicos persistentes (COP), que corresponden a ocho plaguicidas, dos productos industriales y dos subproductos de la combustión.
La idea, según explico el timonel del SAG, Carlos Parra, es evitar que los campechas y sus familias caigan como moscas como consecuencia de una intoxicación.
