Víctor Manuel González, secre regional ministerial (seremi) de Vivienda y Bienes Nacionales, dijo que la movida se adoptó debido a una serie de reclamos de los propios "lobos de mar" que trabajan "en caletas emplazadas en terrenos particulares, lo que no les permite construir o realizar inversiones en el lugar, restringiendo la oportunidad de alcanzar mejores niveles de desarrollo".

Entre las caletas que se encuentran en esta situación figuran Los Choros, San Agustín, Los Corrales, Chungungo, Río Limarí, Sierra y Puerto Manso. También serán intervenidas las de Guayacán, Talcarura, Talquilla, Maitencillo, Puerto Oscuro, Huentelauquen y Totoralillo Sur.

El asunto tiene su orígen en 1985, cuando gran parte de las caletas de pescadores de la IV Región se encontraban en terrenos particulares sin acceso liberado, burlando la legislación -artículo 13 del DL.1939 de 1977- que establece que "los propietarios de terrenos colindantes con playa de mar, ríos y lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto." La situación de los pescadores de las caletas es precaria. Según datos entregados por el seremi, el ingreso de cada pescador es de 30 dólares al mes. A ello se agrega que sólo el 30 por ciento de ellos tiene acceso a agua potable, la mitad tiene luz eléctrica y educación básica y sólo el 10 por ciento cuenta con atención de salud.

Las autoridades están viendo la posibilidad de negociar con los dueños de los predios donde están las caletas para regularizar el traspaso a través de donaciones, comodatos o compra.

En los últimos años, el sector pesquero artesanal ha experimentado una notoria importancia y se ha convertido en uno de los principales abastecedores de productos del mar para el consumo humano en fresco.

De allí la necesidad urgente de mejorar la calidad de trabajo y vida de los pescadores y sus familias.

El proyecto aprobado por el consejo regional se espera ejecutarlo en seis meses.