En todo caso, la mañana en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol estuvo destinada en gran parte a que los tres jueces resolvieran la legalidad de este procedimiento, basado según la acusación en el temor a la integridad física de los testigos, o si, de acuerdo a la defensa, restaba credibilidad a los testimonios.

Los magistrados Luis Sarmiento, Georgina Solís y el presi Waldemar Koch aceptaron las declaraciones protegidas en el anonimato y pasadas las 14.30 horas se inició el juicio oral en sí, contra Pascual Pichún y Aniceto Norín, lonkos de las comunidades de Pangano y Didaico, respectivamente, y Patricia Troncoso, alias "La Chepa".

El proceso había comenzado a las 10 horas, y hasta las 12.30 hubo tres recesos que significaron ocupar casi la mayor parte del tiempo en materias paralelas al juicio.

La primera discusión tuvo que ver con el permitir o no el acceso a la prensa. La segunda fue para que los jueces resolvieran en torno a este tema. Y la tercera, y quizás la más fuerte, para decidir sobre la legalidad o no de los denominados testigos sin rostro.

Mientras los acusadores, entre ellos el fiscal Alberto Chiffelle, avalaron el uso de anónimos para salvaguardar su integridad física, la defensa alegó que esta modalidad restaba credibilidad a los testimonios, faltaba a la ley vigente, ya que al momento de ocurrido el ilícito eran otras las características del reglamento penal, y que se atentaba contra convenios internacionales sobre derechos humanos.

Cuando los alegatos estaban en plena marcha dentro del tribunal, afuera del edificio se encontraba el abogado Michael Reed y la investigadora Virginia Schoppee, ambos en su calidad de representantes de Amnistía Internacional, quienes señalaron que pretenden estar algunos días en el juicio porque les interesa observar cómo se aplica la Reforma Procesal Penal en este caso.