El hecho la bajoneó tanto que junto a los suyos decidió retirarse porque es tirado de las mechas pagar por algo que no le sirve, pero la empresa le exige el pago de una indemnización si quiere abortar el contrato antes de cumplir el primer año.

De brazos cruzados, la nona ya no sabe qué hacer, porque su pensión alcanza los escuálidos 68.000 pesos, de los cuales 7.500 se van a la compañía especializada en emergencias médicas.

En su modesta ranchita de la población San Pedro Nolasco, en San Bernardo, doña Corina está en su cama en medio de las moscas y el frío. Cuenta que en noviembre contrataron el servicio porque ya no quería seguir siendo un cacho permanente para sus hijas, las que tienen sus propios problemas, como la cesantía de sus esposos.

Hace seis años, la veterana sufrió un accidente que la dejó inmóvil. "Cada cierto tiempo a mi mamita le vienen terribles dolores de piernas, por lo que contratamos el servicio", contó su hija Patricia Rivera.

La plata de la abuela se va toda en comprar pañales y leche. "Cualquier otra cosa no la puedo costear, por eso cuando vino la señorita con el contrato, ella vio que no podía ni siquiera sentarme en la cama. Me prometió que eso no era problema y que yo iba a contar con todos los servicios, como traslado en ambulancia y muchas cosas más".

En enero requirieron del servicio, "pero vinieron y al verme me dijeron que casos como el mío no se atendían. Como mucho me pusieron un tranquilizante y nunca más los vimos".

Efectivamente, el contrato señala como condición especial que no se atenderán patologías crónicas y que se cobrarán 4 UF ( 68.000 pesos) por salirse antes de tiempo.

"Pero mi hija no sabe leer y a mí me dijeron que tenía que firmar con el dedo y listo, y que igual recibiría el servicio de la empresa", relata la casi octogenaria mujer, viuda -por esas paradojas de la vida- de un funcionario del Servicio Nacional de Salud.