El fiscal del caso contra los responsables de los delitos cometidos durante el gobierno de los militares, Pedro Rubira, insiste en la falta de competencia de los tribunales españoles y, en el recurso presentado ayer, señala que la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, hacen "innecesaria" la intervención de la justicia española.

"No puede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesaria la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal", afirmó Rubira en el recurso.

En su escrito, Garzón señalaba que pese a la reciente anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la Argentina -que habían otorgado impunidad a los acusados-, "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable, que el juzgado no propusiera las extradiciones de las personas detenidas o arraigadas a efectos de extradición".

La resolución del fiscal no paraliza la tramitación de las extradiciones, que Garzón trasladó el martes con carácter urgente al gobierno español respecto de los primeros 26 militares detenidos por orden del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

En esta semana, Garzón reclamará las extradiciones de los otros 14 ex militares detenidos, segun fuentes judiciales.