22 de Noviembre de 2003
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Juan Luis Bonell

El abogado Carlos López inició la guerra legal por los derechos del pequeño Cristóbal Muñoz.

(Foto: Juan Carlos Cáceres)

Corrían los primeros días de octubre cuando, por efectos de la maldita primavera, se quebrantó la tranquilidad en el severo Colegio Claretiano de San Miguel. Mientras la mayoría de los pingüinos del sexto básico ponían atención a su profesor jefe, y otros pajareaban de lo lindo, uno de ellos se ensimismaba en su asiento con la siempre controvertida Manuela Palma. Cristóbal Muñoz Suárez (12), de pudorosa formación, observó como su compañero ponía sus ojitos blancos, esperando la primera polución de la temporada, y sólo atinó a taparle el chipotito chillón con una cotona.

Pero el precoz encumbrador de volantines ni siquiera advirtió el solidario gesto y, con cara de payaso Paj Adams, continuó con sus trabajos manuales bajo el delantal -que a esas alturas parecía una carpa de circo- hasta que fue sorprendido. Lo que vino después fue un calvario... Reprimendas públicas y un duro castigo para ambos.

El cabrito manflinflero fue echado con viento fresco del establecimiento, el 3 de octubre, con las manos llenas de callos, y poco después Cristóbal pago el pato, "por ayudar a mi compañero". Las autoridades del plantel lo sindicaron como cómplice del delito de jugar al solitario y el 13 de ese mes le mostraron la tarjeta roja.

La mamá del chicoco, Cecilia Suárez Indart, apeló a la sentencia de primera instancia y consiguió que se le permitiera regresar al colegio, claro que nunca imaginó que lo dejarían confinado en la biblioteca, con orejas de burro y mirando a la pared. Desde la primera semana de noviembre, Cristóbal no puede entrar a clases con sus demás compañeros y deberá buscar otro derrotero académico para el próximo año.

Ante tamaño castigo, el abogado Carlos López presentó ayer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel, "para que le restituyan sus derechos escolares antes del 12 de diciembre (cuando concluyen las clases), y se evite un daño sicológico producto de este hecho discriminatorio".

La acongojada madre alegó que la sicóloga del plantel particular subvencionado le indicó que sacarlo de las aulas no era un castigo, sino un proceso para protegerlo. "¿De qué? Si mi hijo no es un bandido ni un degenerado", preguntose.

Los diputados Carlos Montes (PS) y Carolina Tohá (PPD), por su parte, pidieron el reintegro de Cristóbal y denunciaron una clara violación a los Derechos del Niño.

El rector del plantel, Ramón Zenteno, acentuó que "no ventilaremos públicamente situaciones internas y responderemos a los organismos legales pertinentes. Él no ha dejado de ser alumno, en la biblioteca se le atiende y al término de la jornada juega con los demás".

El seremi de Educación, Alejandro Traverso, calificó como aberrante la expulsión del discípulo de Onán y el impedimento de entrar a clases a Cristóbal. "Es una manifestación natural normal que no debió efectuarse en medio de otras personas, pero son niños", subrayó.


 
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