Entre los argumentos esgrimidos por los magistrados para rechazar el beneficio a los generales (R) Eugenio Covarrubias y Hernán Ramírez Rurange, capitán (R) Pablo Rodríguez Márquez, comandante (R) Manuel Pérez Santillán y al civil Raúl Lillo, destaca que constituyen un "peligro para la sociedad", además de existir todavía diligencias pendientes lo que ameritan que permanezcan en cana.

Todos, según el ministro Madrid, conformaron una asociación ilícita para impedir que el químico farmacéutico de la DINA, que entre otras siniestras cosas dedicó gran parte de su tiempo a fabricar el mortal gas Sarín, prestara declaración indagatoria ante el ex ministro en visita Adolfo Bañados por el asesinato del ex canciller de la UP, Orlando Letelier.

En este caso también fueron procesados el mayor (R) Arturo Silva Valdés, el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, Manuel Pérez, y el periodista y ex agregado cultural de la embajada de Chile en Uruguay, Emilio Rojas. También les cayó el guante a los militares uruguayos Tomas Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli y Ramón Rivas.

La llamada "Operación Silencio" comenzó en abril de 1991, cuando la Dine sacó de Chile al entonces capitán y ex agente de la disuelta CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros, involucrado en el homicidio del dirigente del MIR Jecar Negme y el empresario gastronómico Aurelio Sichel.

En septiembre del mismo año, abandonó el país el mayor Carlos Herrera Jiménez, hoy condenado a cadena perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría.

En octubre, la misma organización sacó de Chile a Eugenio Berríos, quien no tuvo la misma suerte que los otros militares, pues su condición de civil y agente de los organismos de represión lo convirtieron en un sujeto vulnerable y peligroso. Su gran problema era que sabía demasiado.

En pocos meses pasó de protegido a secuestrado y en febrero de 1993 se le perdió el rastro. Dos años más tarde sus restos fueron encontrados en el balneario de El Pinar con dos tiros en el cráneo.