Ayer el requerimiento fue analizado y aprobado por el Concejo Municipal, pero con reparos del concejal Jaime Arancibia (UDI), quien planteó que esto podía interpretarse "como una estrategia de la empresa para dar la sensación de que está muy mal y que así no podrá satisfacer las peticiones de los trabajadores que serán cesados en sus funciones, una vez que el puerto sea licitado".

Al final, los concejales aceptaron la petición de la empresa en el sentido de pagar la deuda en tres cuotas: 40 millones de pesos en la primera quincena de este mes; 30 la segunda quincena y 47,8 millones de pesos en marzo.

Ayer, durante todo el día, La Cuarta intentó conocer las razones que motivaron la petición, pero se informó que no habría versión oficial.

En la carta despachada al municipio, el gerente general subrogante, Iván Silva Focacci, expuso que "por la situación ampliamente conocida con nuestro vecino país de Bolivia y principal cliente del Puerto de Arica, nos hemos visto con dificultades de caja en el presente mes de enero".

Trascendió extraoficialmente que también la gerencia general decidió el cierre de sus oficinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia. Este gasto era fuertemente criticado por las agencias navieras, ya que estimaban innecesaria la presencia de ejecutivos en el vecino país, pues, en rigor, los contratos de movimiento de cargas son realizados por esas empresas y no por el terminal fiscal que sólo presta el servicio de muellaje, pesaje y aparcamiento de camiones al interior del recinto.