El "cambio de casa" de los orates fue ordenado por la Corte Suprema mediante un fallo judicial que obliga al ministro de Salud, Pedro García, y al director del Hospital Siquiátrico, Ignacio Morlans, a hacerse cargo de estas personas en forma efectiva.

De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Siquiatría Forense, en el país hay 23 presos insanos salvados por los tribunales, que aún permanecen en centros carcelarios.

El entuerto que mantiene a los locos encerrados en la Peni es de larga data. En 1991 el abogado Julio Disi interpuso el primer recurso para que se trasladara a los enfermos mentales.

La comisión de Siquiatría es la entidad encargada de recibir las peticiones de los tribunales para el traslado de reos fallados del mate a servicios especializados. Para ello elaboró un sistema que permite rediagnosticar al paciente y evaluar su peligrosidad. Mientras más tranquilitos mayor posibilidad tiene de ser trasladados, aunque ahora prevalece el dictamen de la Suprema.

Sin embargo, el movimiento de pacientes en estos centros es medio lento, ya que sólo los enfermos con un cierto grado de estabilización son derivados a hogares protegidos generando nuevos cupos. El problema de la escasez de recursos para atenderlos como se debe es otra piedra de tope.

Fuentes cercanas al caso explicaron que se están haciendo todas las maniobras posibles para que, cuanto antes, los sociates sean sacados de la cárcel y derivados a centros de salud donde pueden recibir la atención médica que corresponde.

La movida está siendo vigilada de cerca por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien entre sus tareas debe velar por el correcto funcionamiento al interior de los penales.