El edil quedó precioso por orden del juez suplente del 20º Juzgado del Crimen de Santiago, Pedro Advis, quien lo acusó de desacato al no respetar una orden judicial que ordenaba reabrir el vertedero "Santiago Poniente", ubicado en dicha comuna y administrado por la empresa Coinca S.A.

Sepúlveda se presentó voluntariamente al tribunal para notificarse del auto de procesamiento en su contra, pasadas las 9 de la mañana, y lo hizo acompañado del diputado de su misma colectividad, Mario Varela y de un centenar de vecinos, quienes al ritmo de batucadas y gritos onda "¡Alcalde, amigo, Maipú está contigo!", le demostraron su apoyo incondicional.

"Estoy tranquilo y confiado en que la justicia hará primar la posición de defensa de los vecinos en cuanto a vivir en un ambiente libre de contaminación. El relleno sanitario ha incurrido en una serie de irregularidades", señaló antes de entrar al tribunal.

"Mi ánimo no ha sido desobedecer a la justicia. Los tribunales deben entender que hay intereses que están por encima de las multinacionales, como lo son el vivir en un ambiente libre de contaminación", agregó. Una hora y cuarto más tarde, ya estaba en Capuchinos.

Tras enterarse de la noticia, un lote grande de ediles concurrió hasta el penal para solidarizar con el colega caído en desgracia. Es así como fue visitado por los caperuzos de Estación Central, Gustavo Hasbún; de Recoleta, Gonzalo Cornejo, de Talagantito, Lucy Salinas; de Ñuñoa, Pedro Sabat; de Colina, Mario Olavarría y de Vitacura, Raúl "Tronco" Torrealba, el único de derecha que no era de la UDI.

Pero la nota curiosa la puso el edil socialista de Pudahuel, Johnny Carrasco, quien fue uno de los primeros en concurrir al anexo cárcel. "Este es el precio que uno tiene que pagar como autoridad comunal por defender a nuestros vecinos. Si yo, por acatar el mandato de ellos, tengo que ir preso por luchar contra una poderosa transnacional, no le quepa duda que me iría", señaló.

Por su parte, Sabat dijo que sus socios decidieron, por unanimidad, mantenerse alerta y enfrentar unidos el tema.

"No puede ser que un alcalde se vaya preso por defender los derechos de su comunidad, en circunstancias que ladrones que le robaron al país cientos de millones de dólares andan libres por las calles", manifestó.

"Vine a ver a un amigo"

A Sepúlveda se le vino la noche el 3 de octubre de 2002. Ese día, el jefazo comunal le puso candado al relleno sanitario, operado por Coinca S.A, argumentando que no contaba con patente municipal, pese a que ésta se la había solicitado el 11 de julio de ese mismo año, pero le fue negada.

Los argumentos de la muni fueron duramente rebatidos por la transnacional, cuyos abogados señalaron que contaban con la autorización del seremi de Vivienda y Urbanismo de la época y del director de Obras Municipales.

Por lo mismo, la empresa recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió una orden de no innovar.

Además, la firma presentó dos recursos de protección: El primero contra el jefe del Departamento de Subsistencias del municipio, Martín Moraga y, el segundo, contra el propio Sepúlveda.

La acción judicial fue interpuesta con el objetivo de que la muni gire la patente comercial y permita la realización de los trabajos de construcción del basural, interrumpidos por decreto municipal Nº 3.724.

La resolución de dejar sin efecto la medida municipal fue pronunciada en ese entonces por los ministros Haroldo Brito, Víctor Montiglio y el abogado integrante, Emilio Pfeiffer.

El vertedero fue reabierto, pero el alcalde lo volvió a clausurar, esta vez por encontrarse emplazado en terrenos de uso agrícola, de acordeón al plano regulador de la comuna.