A raíz de aquello, la fundación Mercamar, a la cual pertenece el centro comercial, se encuentra construyendo a toda máquina un moderno recinto para albergarlos, el que sí cuenta con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria para la venta al detalle: Baños, vitrinas refrigeradas, cámaras de frío y amplios estacionamientos.

El problema es que la administración les pide a los afectados saldar la calilla que mantienen por concepto de arriendo, la que alcanza a los 206 millones de pesares, antes de asignarles un lugar en el nuevo local que se inaugura el 2 de abril.

En su desesperación y ante la amenaza de desalojo, levantaron una olla común y no descartaron tomar otro tipo de medidas aún más drásticas, como impedir el ingreso de camiones cargados con pescado.

"No puede ser que se nos exija esto en vísperas de Semana Santa cuando nadie tiene plata. Primero, la administración debería preocuparse de resolver los problemas de insalubridad que tiene el terminal", manifestó el dirigente de los minoristas, Juan Matamala.

Son 112 los comerciantes que operan ahí y de ese total, 40 ofrecen sus productos al detalle.

Según el administrador general del recinto, Eduardo Ramírez, la mitad de ellos debe 104 millones. "Ése es el grupito que está ocasionando los problemas", precisó el ejecutivo.

"En octubre del año pasado firmamos un convenio para que cancelaran la deuda a cinco años plazo y sin intereses, pero no cumplieron. A lo más, algunos pagaron las primeras cuotas. Ahora se les ofreció condonarles el 70 por ciento, pero igual así se oponen", remachó.