La medida responde a un recurso de protección presentado por un grupo de apoderados y profes del Colegio de Lenguaje San Judas Tadeo, de Puerto Montt, y de la Escuela Especial Santa María, de Llanquihue. En los oficios presentados ante la justicia el pasado viernes, denuncian que dicha comisión -conformada por cuatro fonoaudiólogos- enviada por el Ministerio de Educación para aclarar si menores con alteraciones de lenguaje deben ser necesariamente tratados en colegios especiales, no realizó sus funciones apegados a la ley y "ni siquiera examinaron a los alumnos; simplemente se limitaron a mirar sus fichas. Es decir la evaluación duró dos minutos y 40 segundos por cada uno", precisaron los apoderados.

Explicaron que en el San Judas de Tadeo, la Comisión decidió cancelar la matrícula a un total de 76 alumnos, de los 108 que asisten al establecimiento, por considerar que están aptos para estudiar en un colegio para alumnos normales. Agregaron que en la comuna de Llanquihue, el grupo de profesionales consideró que 38 alumnos no umplen con las condiciones establecidas por la legislación para estudiar en la Escuela Especial, dejando a 44 de ellos en una situación pendiente y sólo 12 niños aceptados. Al respecto, el seremi de Educación, Carlos Delgado, manifestó que efectivamente la resolución de la Corte -que toma los casos antes mencionados y también el de la Escuela de Lenguaje Kalem de Castro, donde se canceló la matrícula a 21 alumnos- es de no innovar porque se quiere pronunciar sobre el fondo del asunto.