El requerimiento responde a un piteo de otro empleado municipal, quien a comienzos de mes pidió un pronunciamiento del organismo fiscalizador. De acuerdo a lo informado en la Contraloría, el oficio fue enviado al edil comunal con el fin que explique las labores que cumplen los trabajadores cuestionados y las razones por las cuales fueron contratados.

La comunicación explica además que en los dos casos constatados a través del Registro Civil, efectivamente existen lazos de parentesco directo entre los empleados y los concejales, por lo que se da un plazo de 10 días para contestar a Contraloría.

La investigación afecta a un hijo de Guillermo Muñoz PS (un auxiliar) y al hermano del concejal Juan Carlos Caiceo (actual jefe del Departamento de Alumbrado Público). Consultado por el problema que le afecta, Muñoz reconoció que su hijo fue contratado cuando era concejal, pero dijo tener dudas sobre si se puede aplicar la Ley de Probidad pues los ediles no son funcionarios municipales.