El pasado 12 de febrero, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, desplegó una intensa agenda de reuniones en Santiago con tres ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, centradas en cables submarinos, ciberseguridad y coordinación política ante el cambio de mando.

Ese día, Judd se reunió primero con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Tras el encuentro, el diplomático publicó en su cuenta de X que abordaron “los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”.

En el mismo mensaje, subrayó que “los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales (....) Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data”, reforzando la preocupación estadounidense por la infraestructura digital estratégica.

La referencia apunta al cable Humboldt, desarrollado por Google junto al Estado chileno, y a la eventual construcción de un trazado alternativo con participación de firmas chinas, tema que ha tensionado el debate geopolítico en la región.

Más tarde, según La Tercera, el embajador sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Según transparentó el propio Judd, la conversación incluyó materias de ciberseguridad y cooperación bilateral.

En esa misma publicación, el diplomático añadió que el encuentro también sirvió para “planificar la próxima etapa de nuestra colaboración con el equipo entrante”, en alusión al gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

La ronda de contactos continuó con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, cartera clave en la definición y supervisión de proyectos de conectividad internacional y regulación del sector.

Las reuniones se produjeron en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China en América Latina, particularmente en el ámbito de telecomunicaciones y transmisión de datos.

Esto último es precisamente el tema que estaría relacionado a la sanción que afectó a tres funcionarios chilenos, a quienes Estados Unidos revocó sus visas e inclusive sancionó a sus respectivos familiares.