Los dueños del local Club 54 acusan una red de favores y fallos arbitrarios tras su cierre en 2018, en un caso que involucra a exministros del máximo tribunal. También acusan una presunta adulteración de documentos y supuesta protección política a un local vecino.
Club 54, un bar que fue clausurado en Vitacura durante el año 2018, en la zona del centro gastronómico BordeRío, volvió al tapete a partir de una querella criminal que fue presentada por sus dueños contra exjueces de la Corte Suprema y de Apelaciones.
De acuerdo a información de La Tercera, la denuncia apunta a un fallo arbitrario realizado a sabiendas de que era injusto (prevaricación) y a una supuesta red de favores para beneficiar a un local vecino.
La acusación es contra los exministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval, Mario Gómez, Jorge Zepeda y Rosa Leonor Etcheberry; los abogados Julio Pallavicini y Álvaro Quintanilla; y los ministros de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y Fernando Valderrama.
Un acusación sobre una red de favores
La querella, que fue declarada admisible en septiembre de 2024, acusa a los exministros de haber dictado resoluciones “a sabiendas contra ley expresa” y con fundamentos jurídicos inexistentes, lo que mantuvo el cierre del local de manera indefinida.
El caso involucra también presunta adulteración de documentos por parte de un exfuncionario municipal y apunta a una supuesta protección política al bar Monseñor, ubicado en el mismo centro gastronómico y que operó sin problemas pese a tener infracciones.
A grandes rasgos, Club 54 fue clausurado en octubre de 2018 por funcionar sin la patente adecuada. Según la municipalidad de Vitacura, el local operaba como discoteca pese a tener autorización solo como restaurante.
La defensa del club afirma que esa decisión se basó en una fiscalización irregular y documentos alterados, entre ellos un acta en la que se recomendaba levantar la clausura, posteriormente modificada por Juan Sebastián Gardeweg, entonces subdirector de Rentas Municipales.
También se acusa que Gardeweg fue representado por un abogado que trabajaba para un estudio en el que participaba Carlos Künsemüller Loebenfelde, exministro de la Corte Suprema, apuntando así a una supuesta red de vínculos en el máximo tribunal.
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