Gobierno irá al Tribunal Constitucional para evitar anulación de la Ley de Pesca

Autor: LaCuarta.com

Actual normativa se revisa este martes en la Cámara de Diputados.


En el marco del debate en la Cámara de Diputados, el Gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para evitar la anulación de la Ley de Pesca.

Según detalló el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, la medida se basa en que los parlamentarios «no tienen ningún poder anulatorio de leyes».

«Gravísimo precedente»

«Pretender cuestionar esto atenta contra la ley, la estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho», añadió.

Además, Ossa aseguró «aprobar una ley que anula una anterior sería un gravísimo precedente».

De acuerdo a la autoridad de gobierno, podría «venir una verdadera corrida de leyes anulatorias. Que modificarían el Estado de Derecho. Además de cuestionar lo que durante años este Parlamento ha hecho por el país».

Polémica ley

El proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley 20.657 -popularmente conocida como «Ley Longueira»- busca modificar el citado cuerpo legal en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.

De acuerdo al texto, durante la tramitación de la citada ley, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.

Además -de acuerdo a la normativa- se sumó «la manifiesta presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa».

Con estos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. También se acusa que, en su elaboración, intervinieron parlamentarios que tenían  intereses económicos en la industria pesquera, sin que se inhabilitaran en la votación.

Por otra parte, se precisa que «es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos parlamentarios mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados».

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