Choque frontal por expulsión de inmigrantes

El gobierno ha expulsado este año a 1.187 inmigrantes condenados en Chile o que cumplieron sentencias en sus países de origen por crímenes graves. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes cuestionan algunos de los procedimientos y aseguran que producen polarización entre chilenos y extranjeros.


El Director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, y el Jefe del Departamento de Extranjería e inmigración, Álvaro Belloio, exponen sus posturas.

José Tomás Vicuña: “Si ya cumplieron condena, por qué seguir condenándolos”

“Si una persona cumplió una condena por robo hace 10 años ya en su país de origen, no tiene antecedentes en Chile, se fue a inscribir al proceso de regularización de migrantes y tiene familia acá, amerita valorar su posible reinserción antes que seguir condenándola”.

José Tomás Vicuña asumió en abril pasado como director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y esta semana estuvo en la palestra luego de que, tras cuestionar la forma en que el gobierno ha manejado las expulsiones de inmigrantes, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, lo mandara a “guardarse su opinión”.

– ¿Qué sucedió José Tomás?

Eso se aclaró ese mismo día, está cerrado. Hemos tenido diferencias respecto a ciertos procedimientos y creemos que la diferencia no es mala. La diversidad de opiniones nos puede llevar a la integración de la población migrante. El debatir no implica que uno sea mejor que otro.

– ¿Qué cuestionan como SJM?

Primero, hay que entender que no estamos en contra de la deportación. Eso es algo que el Estado está en su legítimo derecho de hacer. No defendemos a delincuentes. El punto crítico es cómo se comunica este proceso.

– ¿Qué se hizo mal?

Mostrar el proceso con las cámaras de TV, con los funcionarios de la PDI, mostrar los rostros de los expulsados. Al final eso ha generado polarización entre la población chilena y los migrantes. El Estado tiene el deber de informar, pero la puesta en escena que se está haciendo al final ha generado más controversia y polarización.

– Pero no es la única crítica…

Hemos tenido reparos en algunos procedimientos. Ha habido expulsiones administrativas, donde decide el Ejecutivo, en las que se echó a personas que estaban radicadas en el país, que no tenían antecedentes en Chile y que ya habían cumplido su condena en su país de origen.

Si bien la ley permite la expulsión en este tipo de casos, también permite ver la situación de arraigo de la persona, si tiene una familia acá, si tiene hijos. Creemos que en algunos casos no se vio con total amplitud la situación de arraigo.

 

– Desde el gobierno afirman que expulsaran a todos los inmigrantes condenados por delitos graves…

Si la persona ya cumplió una condena en ciertos delitos, por qué la seguimos condenando. Y eso pasa también con chilenos, que pese a cumplir su condena, quedan estigmatizados porque estuvieron en la cárcel.

– ¿Cómo deberían entonces enfocar el tema las autoridades?

La proyección debería estar puesta en la integración del millón de inmigrantes sin antecedentes. En otros países hemos visto que la migración se relaciona con delincuencia, con temor, lo que al final a esos países les ha hecho mal. Creemos que el enfoque debiera ser -sin dejar de lado que el Estado puede y debe realizar deportaciones- la integración cotidiana que hay entre inmigrantes y chilenos.

Álvaro Bellolio: “Lo que más daña la convivencia es la impunidad”

“Entendemos el rol legítimo del SJM, pero la postura de este gobierno es que las personas con antecedentes graves, como robos con intimidación, robo con violencia, narcotráfico u homicidio, deben ser expulsadas”.

Álvaro Bellolio, ingeniero Civil en Computación y máster en Políticas Públicas, se convirtió en marzo en el nuevo Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno y en estos día ha salido a defender con todo las 1.187 expulsiones de inmigrantes realizadas durante este año.

– ¿Cuál es el criterio para expulsar a un inmigrante?

Hay dos tipos de expulsiones: judiciales y administrativas. Las primeras corresponden a personas condenadas en Chile, por delitos cometidos en Chile. Las administrativas involucran a personas que ya tenían antecedentes. Nosotros, amparados por la ley, marcamos la línea en lo que se consideran delitos graves, es decir desde robo con intimidación o con violencia

– ¿Cómo se decide?

Desde el Departamento Jurídico se analiza caso a caso, se ve la gravedad del delito cometido, el arraigo, el tema de los hijos menores, pensando siempre en el bien superior del niño.

– Justamente eso critican desde el SJM.

Cuando se critica el tema de los hijos, hay que pensar si el niño estaría mejor con un padre que ha cometido un homicidio o un abuso sexual o si ese niño podría estar mejor con otro pariente o, en el último caso, en el Sename. Y el que determina eso es el juez de Familia, y no nosotros.

– ¿Se puede lograr la flexibilidad que demanda el SJM?

Las personas expulsadas tienen antecedentes por homicidio, sicariato, narcotráfico. Entonces creemos que se mejora considerablemente la convivencia si se transmite la seguridad de que todo extranjero que ha cometido un delito grave en Chile o que cometió un delito grave en su país de origen, va a ser expulsado.

– ¿No es limitar, en casos específicos, una posible reinserción?

Hay que entender que ellos ultrajaron a una familia o un lugar para cometer un robo. Estamos generando la confianza de que todos los extranjeros que se quedan en el país no tienen antecedentes, que son el 99%.

– La publicidad de las expulsiones, ¿puede afectar la convivencia entre chilenos e inmigrantes?

Hemos visto que lo que más daña la convivencia es la impunidad, en el sentido de que las personas con antecedentes penales graves que se quedan en el país generan un clima de insegurid ad.

– Se cuestionó que el gobierno buscara expulsar 2 mil inmigrante de aquí a fin de año…

Aclarar que no es una meta, es una proyección. Dos mil es más o menos la estimación pensando en las personas que están cumpliendo penas y en las expulsiones administrativas pendientes

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