Se complica el proyecto “aula segura”

Académicos invitados por la Comisión de Constitución coincidieron sobre inconstitucionalidad de la iniciativa.


Brusco inicio tuvo el proyecto del Presidente Sebastián Piñera que busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales para expulsar o cancelar la matrícula en casos de violencia.

Primero, porque la mesa que revisa la iniciativa, la Comisión de Educación, aún no toma el liderazgo, a pesar de la suma urgencia que mantiene el Mineduc. Es en Comisión de Constitución donde aparecen los primeros análisis, luego de la solicitud de legisladores de oposición, principalmente de la senadora Yasna Provoste (DC), que pidieron la opinión de expertos sobre admisibilidad del proyecto.

El pasado miércoles se escucharon a dos académicos: Jaime Bassa, de la Universidad de Valparaíso, y Manuel Antonio Núñez, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

El primero señaló, sin mayor preámbulo, que las soluciones que se proponen en el proyecto “adolecen de una inconstitucionalidad bastante evidente, toda vez que los principios rectores del debido proceso, sólo están relativamente consideradas desde el momento en que se aplica la sanción de expulsión, pero no en los momentos previos relacionados con la investigación de los hechos, lo que impide el derecho a defensa, presentar pruebas o conocer una investigación en su contra”.

La sorpresa para la mesa llegó con el académico Núñez, quien no tuvo mayor diferencia con su par. El proyecto no tuvo esta vez dos lecturas en el Congreso.

El profesor desmenuzó por punto las críticas a la iniciativa, por ejemplo, la sugerencia de reforma a la Ley de Subvenciones, que para Núñez, “aplicaría solamente a las instituciones que reciban aporte estatal”.

En materia de “debido proceso”, se enfatiza en la necesidad de establecer garantías procedimentales que, según las leyes sobre educación, no se puede sancionar por motivos académicos o por causales que deriven de una situación socioeconómica. Tampoco se puede ejercer presión sobre estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.

“Lo relevante es que las garantías se apliquen en forma previa a la imposición de la sanción, dado que los procedimientos deben ser previos. En efecto, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo”, explica Núñez sobre los derechos a presentar prueba de descargo, a la asistencia jurídica, a actuar por sí mismo, sin la asistencia del tutor, curador o de quien ejerza la patria potestad. También el derecho de solicitar la revisión de la decisión.

En cuanto a la proporcionalidad de las sanciones, se invitó a revisar lo que se considera como conductas que afecten la convivencia escolar, ya que en la propuesta , “la sanción no se gradúa: solamente procede la expulsión o cancelación de la matrícula. Como sanción, la expulsión puede ser temporal (lo que se conoce como “suspensión”). En estos términos no hay incentivo a la cooperación ni al arrepentimiento. En otras legislaciones es posible que el alumno llegue a un acuerdo con el establecimiento educacional y suspenda la ejecución de la sanción con el objeto de mostrar un buen comportamiento”, sentenció el profesor Manuel Núñez.

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