Más de 20 denuncias, 10 querellas y 41 alumnos expulsados es parte del balance que deja la violencia registrada durante el primer semestre en distintos establecimientos públicos de Santiago.

Las cifras aparecen en un informe del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, organismo que desde enero de 2026 administra los 43 establecimientos educacionales públicos de la comuna.

Según consta en un reportaje de Tele13, el documento también registra 403 activaciones de protocolos hasta el 30 de junio.

De ellas, 109 estuvieron relacionadas con procesos por faltas graves o gravísimas, mientras que la aplicación de sanciones terminó además con 42 estudiantes suspendidos.

Claro que los problemas no se distribuyen de la misma manera entre todos los recintos.

De acuerdo con el reporte, son seis los establecimientos que concentraron los episodios de violencia:

- Liceo 1 Javiera Carrera

- Instituto Nacional

- Liceo de Aplicación

- Liceo Confederación Suiza

- Liceo 4 Isaura Dinator

- Liceo Manuel Barros Borgoño

Hasta el 7 de agosto se habían contabilizado 57 procedimientos de desalojo. Un 36% ocurrió en el Liceo 1 y otro 26% en el Instituto Nacional, por lo que ambos establecimientos reunieron el 62% del total.

Precisamente el Liceo 1 protagonizó uno de los episodios más recientes. El pasado 13 de agosto, más de 400 estudiantes participaron de una asamblea que posteriormente derivó en una protesta frente a las oficinas de la dirección y en nuevos incidentes.

La situación terminó con la preparación de un desalojo policial, mientras desde el establecimiento se denunciaba que sus autoridades no podían abandonar sus oficinas. Finalmente, las estudiantes depusieron la toma antes del procedimiento.

Días antes, otro procedimiento en el mismo liceo había terminado con el hallazgo de martillos, piedras, pinturas, bencina y pedazos de cadenas.

La preocupación por los infiltrados en el Instituto Nacional

El Instituto Nacional, uno de los principales focos de preocupación, dio pie a una serie de informes elaborados con testimonios de funcionarios, profesores y registros audiovisuales. Estos sostienen que operarían entre dos y tres grupos organizados relacionados con los ataques.

Según los antecedentes recopilados por las autoridades, antes de algunos enfrentamientos también ingresarían al recinto exalumnos expulsados, estudiantes de otros liceos y también adultos, quienes aprovecharían la apertura forzada de accesos para sumarse a los incidentes.

Una de las dinámicas descritas consiste en lanzar bombas molotov y posteriormente ocultarse entre otros estudiantes. Los involucrados se sacarían los overoles utilizados durante los ataques y los quemarían para dificultar su identificación.

Frente a este escenario, el Servicio Local acordó con Carabineros facilitar el ingreso inmediato de equipos especializados después de los ataques, con el objetivo de recoger huellas, evidencia y material genético. Además, se estudian eventuales sanciones para estudiantes que presten cobertura a quienes protagonizan los hechos violentos.

De ahí que desde el organismo han transmitido que aplicarán una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de episodios y han remarcado que no permitirán nuevas tomas. Según fuentes citadas en el informe, los intentos registrados durante las últimas semanas no han logrado extenderse por más de tres horas.