El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reingresó, el pasado 4 de enero, el reglamento para la Ley 21.553 (conocida coloquialmente como la “Ley Uber”). En una acción llevada a cabo ante la Contraloría, desde el Gobierno buscan avanzar hacia su implementación en 2025.

Pero en ese escenario, las aplicaciones de transporte Uber, Didi, Cabify y Rappi, agrupadas en la Alianza In, criticaron el reglamento por su falta de dinamismo.

De acuerdo a La Tercera PM, aseguran además que la ley afectaría la disponibilidad de vehículos, la calidad del servicio y el costo de los viajes.

“El punto que más nos preocupa tiene que ver con que el reglamento insiste en medidas que dejarán a casi 60.000 familias sin ingresos mensuales”, dijo la directora ejecutiva de All In, la exsenadora Marcela Sabat. “El requisito de la antigüedad de los automóviles y la cilindrada se mantiene exactamente igual, lo que dejaría al 40% de los conductores fuera del sistema”, recalcó.

Además de las críticas contra requisitos como la antigüedad, desde la organización también destacan la rigidez en el proceso de reemplazo de vehículos, lo que podría congelar el parque automotriz y reducir la cantidad de conductores disponibles.

También aseguran que existe una discrepancia en los requisitos solicitados a los vehículos de aplicaciones y los taxis, sobre todo en términos de torque y potencia de los motores, lo que genera incertidumbre entre los conductores sobre si los nuevos autos cumplirían con los requisitos. Y, finalmente, también cuestionan algunas exigencias sobre vehículos eléctricos, lo que dejaría fuera a muchos de los automóviles de ese tipo que están llegando al país y no contamina.

Ante todas esas situaciones, las aplicaciones planean presentar nuevas observaciones a Contraloría, lo que obviamente podría retrasar la aprobación del reglamento, mientras se prevé que las reuniones con el ministerio continúen.