La Corte de Apelaciones de San Miguel decretó el sobreseimiento definitivo de los cuatro imputados en la causa por la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones sufridas por Bastián Salamanca durante el estallido social. La decisión se tomó aplicando de manera retroactiva la Ley Naín-Retamal.

La Quinta Sala Extraordinaria revocó así la resolución emitida por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago en diciembre de 2025, cuando se había rechazado cerrar la causa.

Según consignó El Desconcierto, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2020 en La Victoria. Esa noche, Aníbal Villarroel Rojas, de 26 años, se encontraba junto a su amigo Bastián Salamanca en Avenida Departamental con Eugenio Matte observando las manifestaciones por el primer aniversario del estallido social.

Durante el operativo policial, un disparo atravesó el tórax de Villarroel, mientras Salamanca recibió un impacto en el talón derecho. Según estableció la PDI, ninguno de los dos portaba armas.

Villarroel era trabajador administrativo, padre de una niña y también era conocido en el sector por participar en organizaciones sociales, grupos de hip-hop y trabajos de muralismo comunitario.

El fallo benefició al teniente Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez —identificado por peritajes balísticos como autor del disparo mortal—, además del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, el exministro del Interior Víctor Pérez y el exintendente metropolitano Luis Felipe Guevara.

¿Cómo se dio el fallo?

La Corte argumentó que la Ley Naín-Retamal permite presumir legítima defensa en actuaciones policiales ligadas al orden público, trasladando la carga de la prueba a los querellantes.

En el caso de Muñoz, el tribunal apuntó que los disparos fueron realizados “hacia el sector desde donde provenían los disparos en su contra” e indicó además que el proyectil encontrado en el cuerpo de Villarroel presentaba restos de “material inorgánico”, lo que sugeriría un rebote previo antes del impacto fatal.

De este modo, se descartó que existiera una intención directa de disparar contra una persona en específico.

Tras conocerse la resolución, uno de los abogados querellantes anunció al medio anteriormente citado que recurrirán a la Corte Suprema mediante un recurso de queja y que, si fracasa la vía interna, evaluarán acudir al sistema interamericano de derechos humanos.

El abogado también criticó la interpretación jurídica aplicada en el fallo. “Aplicarla como si fuera una exención automática e irrefutable, sin examinar si los antecedentes del proceso la desvirtúan, no es interpretación jurídica: es una decisión política disfrazada de técnica”, sostuvo.

Finalmente, advirtió sobre el impacto que puede tener esta resolución en otras causas vinculadas al estallido social. “La Ley Naín-Retamal, aplicada así, les dice que no merecen esa respuesta. Eso no es justicia, es impunidad con fundamento legal”, cerró.