El proyecto de ley que busca regular las apuestas online está cerca de cumplir cuatro años en el Congreso y hoy permanece detenido en el Senado, pese a avances previos en la Cámara de Diputados.

Su último movimiento fue el 13 de agosto, cuando la sala del Senado lo aprobó en general y lo envió a las comisiones de Hacienda y Economía unidas para su discusión en particular.

Ese trámite no prosperó y finalmente se resolvió que el análisis continúe por separado, comenzando en la Comisión de Economía, donde permanece sin avances.

Ante el estancamiento legislativo, desde La Tercera indican que las principales casas de apuestas piden que el próximo gobierno priorice la tramitación del proyecto.

“Creemos que es primordial que el gobierno electo tome el proyecto y regule la industria”, afirmó Ricardo Chehade, CEO de EstelarBet.

Carlos Baeza, de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), señaló que “este es un proyecto muy ambicioso y muy completo”, aunque reconoció que requiere tiempos legislativos adecuados.

Además agregó que el cambio de gobierno abre expectativas, considerando “un escenario fiscal complejo, con un déficit que obliga a priorizar crecimiento y nuevas fuentes de recaudación”.

Qué propone el actual proyecto

Entre sus ejes centrales, la iniciativa establece que las apuestas online serán gravadas con IVA, al considerarse un servicio de entretenimiento digital.

Además, se fija un impuesto específico de 20%, similar al de los casinos, con el objetivo de corregir externalidades asociadas al juego.

Para fomentar el juego responsable, se propone subir en 1% ese tributo, con posibilidad de descontar gastos asociados a esa finalidad.

En ese escenario, uno de los puntos más debatidos ha sido la carga tributaria, que las plataformas consideran elevada frente a otros países con regulación.

“El impuesto puede ser un incentivo al mercado negro si las empresas con licencias nos desincentivamos a participar”, advirtió Chehade.

Desde APAL cuestionan además la mantención del bloqueo de plataformas, al considerarlo “jurídicamente improcedente y contraproducente”.

En paralelo, las empresas aseguran que ya aplican controles para evitar el acceso de menores, otro de los temas controvertidos en discusión, incluyendo la verificación de identidad y herramientas de autoexclusión.

Finalmente, consideren que el proyecto también se contempla un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos por apuestas deportivas en favor del Instituto Nacional del Deporte.