Nuevos antecedentes se conocieron este miércoles sobre el rol de “alcalde en las sombras” que habría tenido el diputado Joaquín Lavín León en la comuna de Maipú, mientras su esposa, Cathy Barriga, ejercía como alcaldesa.

Esta jornada el actual alcalde maipucino, Tomás Vodanovic (FA), confirmó la presentación de una querella criminal en contra del parlamentario, por delitos como tráfico de influencias y fraude al Fisco, de manera paralela a la causa que tiene a Barriga en prisión preventiva.

Hasta ahora se conocían testimonios que describían cómo Lavín elaboraba listados de funcionarios a despedir y otros para contratar, a su completa discreción. Según un audio filtrado hace unos meses, el congresista decía que quería sacar “a todos los rojos” y poner gente de su sector político.

Despidos, millonario desembolso en demandas y favores políticos

En la querella, a la que tuvo acceso Contigo en la Mañana (CHV), se detalla que desde fines de 2016 hubo al menos 496 funcionarios despedidos, presuntamente por instrucciones que Lavín enviaba a través de correos.

“El informe policial concluye que fueron un total de 496 trabajadores los desvinculados como resultado de lo instruido en los 9 correos analizados”, se lee en el documento.

De acuerdo al querellante, esas decisiones significaron un gigantesco gasto. “Por estas desvinculaciones al menos 72 de esos trabajadores demandaron en sede laboral a la Ilustre Municipalidad de Maipú, significando para el municipio el desembolso de al menos $1.149.670.114 en el pago de condenas, transacciones o avenimientos”, indica el libelo.

Con los puestos liberados, según acusan, Lavín enviaba listados de gente a contratar. En eso también recibía solicitudes de compañeros de su partido, la UDI.

“Al querellado Lavín también se le pedía interceder en contrataciones solicitadas por otros colegas de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI)”, indica la querella.

Allí aparece por ejemplo, el exdiputado Gustavo Hasbún, y un correo enviado a Lavín en enero de 2017 de parte del exdiputado y exministro Patricio Melero.

Aquel último escribió: “Joaquín, a esta persona la conozco, trabajó en Pudahuel y por su experiencia puede ser muy útil. Un abrazo, Pato”.

El hecho de que Lavín no tuviera ningún vínculo administrativo con el municipio, aparte de ser el esposo de la alcaldesa, estas maniobras constituirían el delito de tráfico de influencias.

Este sería una parte de los hechos que se imputan a Lavín Jr, pues también hay detalles sobre facturas fraudulentas. El desafuero y la formalización del parlamentario serían inminentes.