La Subsecretaría de Educación Superior ordenó que una serie de instituciones privadas entregasen los datos sobre remuneraciones de académicos y directivos, generando tensión con los rectores y un debate jurídico sobre el alcance de la ley.

El 30 de julio, la subsecretaría envió oficios a universidades, institutos y Centros de Formación Técnica pidiendo reportar sueldos altos en un plazo de una semana, extendido luego hasta el 12 de agosto.

El requerimiento derivaba de la Ley de Presupuestos 2025, tras la controversia por los $17 millones que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

Las glosas 21 y 22 regulan transferencias estatales a instituciones, vinculando gratuidad, becas y fondos con transparencia en remuneraciones.

Por un lado, la glosa 21 exige nóminas anonimizadas de quienes superen los $8 millones mensuales.

En tanto, la glosa 22 obliga al Mineduc a informar al Congreso sobre sueldos docentes e investigadores de todas las instituciones.

Las universidades que no respondieron

De acuerdo a un reporte de La Tercera, la medida generó rechazo en rectores privados, quienes la consideraron “absurda” y parte de un “afán regulatorio” excesivo.

Algunas universidades interpretaron que solo las que reciben fondos debían responder, mientras otras concluyeron que todas estaban obligadas.

Hasta el 18 de agosto, 32 instituciones respondieron, aunque con entregas desiguales: 30 cumplieron con la glosa 21 y 17 con la glosa 22.

En tanto, otras cinco no respondieron a la solicitud.

La Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor no aportaron datos, esta última alegando que no tiene personal sobre $8 millones y que la glosa 22 no obliga a las universidades.

Tres casas de estudio –Bolivariana, Aconcagua y La República– no contestaron.

Por otro lado, la Universidad Finis Terrae sí informó cuántos superan los $8 millones, pero rechazó entregar detalles amparándose en la redacción de la ley.

Desde la subsecretaría explican que no habrá sanciones: su rol es sistematizar lo recibido y remitirlo a las comisiones de Educación y Presupuesto del Congreso.

Las universidades estatales quedaron fuera del oficio, ya que sus datos son públicos por transparencia activa.