La demanda del exministro de Desarrollo Social sigue adelante en contra de 23 parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. La defensa de estos últimos tuvo una falla que beneficia al alegato de que se dañó la honra de Jackson con una acusación falsa.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso presentado por el abogado de los 23 parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) demandados por Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social.
Lo anterior significa que solo Jackson podrá presentar testigos en el juicio civil, donde busca indemnización por daños y perjuicios tras ser vinculado al caso Convenios y al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso).
Según revela La Tercera, la defensa de los diputados UDI subió un documento equivocado al sistema judicial, perdiendo la oportunidad de presentar testigos.
Por su parte, agregan que entre los testigos de Jackson figuran los periodistas Iván Valenzuela y Julio César Rodríguez, ya que entrevistaron a parlamentarios como Javier Macaya durante sus acusaciones, además del senador Juan Ignacio Latorre.
Recuerden que la acción del exministro se concretó luego de que la UDI enviase una carta al presidente Boric. Según Jackson, en esa misiva se le vinculó injustamente con hechos delictivos.
“Los firmantes de la carta dicen que tanto el robo sufrido por el Mideso como el ‘caso convenios’ son hechos que tienen en común la participación del Sr. Jackson como un agente obstructor de la investigación penal. Y acaso como intentando justificar dicho vínculo, indican en su texto que ‘la gran mayoría de los chilenos -de forma bastante transversal- ha vinculado el robo en el Ministerio de Desarrollo Social como una ’operación política' para ocultar justamente toda la información relacionada con el eventual fraude al Fisco que se investiga'”,. plantea la demanda del exministro.
En marzo comenzará el periodo probatorio del juicio, donde Jackson deberá demostrar el daño a su honra. Su abogado sostiene que se acreditará el ilícito cometido por los parlamentarios.
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