Una fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que, a marzo de 2026, 485 funcionarios de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente y recibiendo sus remuneraciones, en procedimientos iniciados entre 2020 y este año.

El principal problema aparece al revisar cuánto tiempo llevan algunos trabajadores en esa situación. Según el reporte, 30 funcionarios acumulaban más de tres años suspendidos: 13 superaban los cuatro años y otros 17 se encontraban en un rango de entre tres y cuatro años.

El caso más prolongado corresponde a un trabajador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que acumulaba aproximadamente cuatro años y siete meses de suspensión. También aparecen casos en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.

La extensión de estos procesos también ha tenido un costo para el Estado. De acuerdo con los antecedentes recopilados, solo los diez funcionarios con las suspensiones más prolongadas han recibido $671 millones en remuneraciones. Además, 22 trabajadores registraron otras actividades remuneradas durante su suspensión, según información proveniente del Servicio de Impuestos Internos.

La revisión encontró otras situaciones particulares. Dos funcionarios suspendidos se encontraban simultáneamente en prisión preventiva, mientras que en otro caso el fiscal que había decretado una suspensión también terminó bajo esa misma medida. A eso se suman 20 trabajadores cuyos sumarios quedaron en manos de fiscales que ya no trabajan en los respectivos servicios.

Los antecedentes también muestran que decenas de funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego durante ese período. La Contraloría anunció nuevas fiscalizaciones para comprobar la calidad y veracidad de la información proporcionada por los organismos, además de revisar situaciones similares en municipios, que no fueron incluidos en las cifras del informe oficial revisado.

Frente a los retrasos, la Contraloría determinó que los 30 sumarios que superan los tres años serán retirados de los organismos donde se iniciaron y continuarán directamente bajo su tramitación. La revisión también buscará establecer si existen responsabilidades de autoridades que no controlaron oportunamente el avance de estos procedimientos.

Los servicios que tengan funcionarios suspendidos durante más de un año dispondrán de 15 días hábiles para informar el término del respectivo sumario, justificar la continuidad de la suspensión o detallar medidas concretas para acelerar el proceso. También deberán iniciar procedimientos destinados a determinar posibles responsabilidades por las demoras.

La Contraloría reforzó estas medidas mediante un instructivo emitido el pasado 16 de septiembre, recordando que la investigación de un sumario no debiera superar los 60 días hábiles establecidos en la normativa.

Además, ordenó revisar periódicamente si las suspensiones siguen siendo necesarias y registrar en el Sistema de Acciones Derivadas las resoluciones que las impongan o levanten, con el objetivo de detectar oportunamente medidas que se estén prolongando más de lo razonable.