La Contraloría General de la República detectó una serie de falencias en la fiscalización de las operaciones de ambulancias aéreas realizadas en Chile durante 2023 y 2024.

Los antecedentes forman parte de un informe que revisó los controles aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a empresas, aeronaves y personal que prestaron estos servicios.

Uno de los hallazgos apunta directamente a las tripulaciones. Quince vuelos fueron realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los Manuales de Operación de las respectivas empresas.

La investigación también encontró problemas con las aeronaves utilizadas. Seis aviones realizaron 581 viajes pese a no estar incorporados en los manuales de las compañías encargadas de las operaciones.

A ellos se sumaron otras seis aeronaves que completaron siete vuelos como ambulancias aéreas, aunque ese tipo de operación no estaba contemplado en sus respectivas “Especificaciones Relativas a las Operaciones”.

Vuelos cuyo motivo no pudo ser acreditado

La Contraloría estableció además que siete vuelos carecían de antecedentes que permitieran acreditar que efectivamente correspondían a operaciones de ambulancia aérea.

Otros dos traslados presentaban diferencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC. Debido a esas inconsistencias, no fue posible comprobar el motivo de los viajes, quiénes fueron sus pasajeros ni si se respetó la normativa correspondiente.

Según el organismo fiscalizador, esta falta de información incrementa el riesgo de que operaciones de este tipo puedan utilizarse para finalidades irregulares o que no estén sujetas a la normativa vigente.

La revisión también detectó otros 26 vuelos con incumplimientos relacionados con requisitos como seguros aeronáuticos o las autorizaciones sanitarias exigidas para efectuar este tipo de traslados.

Ante los resultados, la Contraloría ordenó a la DGAC reforzar de manera efectiva y permanente sus labores de control, supervisión y fiscalización, además de aplicar las medidas preventivas, correctivas o sancionatorias que correspondan.

La DGAC también deberá iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas y comunicar a la Contraloría las medidas adoptadas dentro de un plazo de 15 días hábiles.