Durante una sesión ante la Corte de Apelaciones de Santiago por su desafuero, el Ministerio Público mostró una serie de mensajes enviados por Joaquín Lavín (ex UDI) cuando su cónyuge, Cathy Barriga, era alcaldesa de Maipú.

Según La Tercera, el diputado instruía la salida de funcionarios y reorganizaciones internas, según los alegatos.

Uno de los correos, fechado el 13 de diciembre de 2016, ordenaba: “A estas personas se les debe avisar a más tardar el día 15 de diciembre que sus contratos no serán renovados”.

En el mismo tono, insistió ese día: “Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración, deben ser desvinculados (...) pero deben salir de todas maneras”.

Otro mensaje, del 12 de diciembre, incluía un listado de nombres con colores y una clave precisa: “Azul=sacar, verde=sacar (...) Naranjo=chequear, no son del todo confiables”.

Los destinatarios eran funcionarios municipales que, según el Ministerio Público, fueron afectados por esas decisiones.

La secuencia continuó el 19 de diciembre: “Estos cambios se deben realizar a la brevedad, hoy (...) que esta semana quede entregado el cargo”.

Y el 9 de enero de 2017, volvió a presionar: “Rosalba, sacar de la DAF y enviar a contabilidad de SMAPA. Felipe Neira, modificar su contrata (...) Oscar Alarcón, trasladarlo de servicios generales a la administración del Vivero”.

Para el abogado querellante José Pedro Silva, estos intercambios demuestran que el parlamentario “ejerció influencias indebidas sobre distintos funcionarios municipales prevaliéndose de su calidad de diputado y de cónyuge de la máxima autoridad comunal”.

Varios testigos reforzaron esa versión. Boris Gálvez señaló que “si venía alguna solicitud del diputado no había ninguna posibilidad de negarse o decir que no”.

Rodrigo Araya añadió que “para mí el diputado era la autoridad”, mientras Lorena Arce dijo que “me sentí de alguna forma intimidada frente a su solicitud y por eso accedí”.

Otros funcionarios, como Guillermo Daguerressar y Diego Romo, coincidieron en que las órdenes se ejecutaban “porque eran instrucción directa del diputado”.

La fiscalía sostiene que esa red de correos y presiones permitió a Lavín incidir en la gestión municipal para fines políticos.

La defensa del diputado, encabezada por Cristóbal Bonacic, replica que los correos no configuran tráfico de influencias y que se trató de “meras sugerencias”.

Ahora, el tribunal debe resolver si esas comunicaciones bastan para levantar su fuero parlamentario.