En el marco de la tramitación de un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la paralización del polémico dictamen que emitió Dorothy Pérez respecto de las reclamaciones que podían hacer al organismo funcionarios públicos alegando “confianza legítima”.

En medio de la mencionada acción judicial, la ONG pidió decretar Orden de No Innovar contra el dictamen, “en atención que el criterio aplicado afecta gravemente los derechos a recurrir de mis representados ante la Contraloría General de la República”.

De esta forma, los ministros de la citada instancia resolvieron que, en el intertanto que revisan el fondo del recurso, la entidad comandada por Pérez deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.

“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, se lee en el fallo.

“Está líquida”

Respecto de los efectos de la suspensión del dictamen, Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, explicó a La Tercera que “se debe ser cautos. Hay que esperar la reacción del Consejo de Defensa del Estado, y si pide alzamiento o si la Contralora mantiene o modifica doctrina Bermúdez”.

Sin embargo, aclaró que “el diseño de los nuevos alcaldes y el poblamiento de los municipios podría vivir un inconveniente que es volver a la regla de 2 años de confianza legítima, en los términos de contrata. En términos postmodernos ‘la situación está líquida’”.